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5/2/13

Manual de gobernabilidad para ONGs

En el pasado mes de octubre, quienes nos incorporamos al Consejo Directivo de Sonora Ciudadana, A.C., así como el Director de este organismo Guillermo Noriega Esparza y colaboradora/es, tuvimos el privilegio de participar en una charla con Guadalupe Mendoza Trejo, Directora de Programas  de la Fundación William & Flora Hewlett, con relación al tema: “Gobernabilidad en organizaciones civiles”, cuyo contenido está basado en el documento cuya liga se encuentra al final de este texto.



Partes del Prólogo de este Manual: 

Una de las dimensiones clave de fortaleza institucional en organizaciones de la sociedad civil es su gobernabilidad interna. 

¿Qué actores, estructuras y procesos definen el mandato institucional?, ¿cómo se toman las decisiones estratégicas sobre el futuro institucional? y ¿cómo aseguran una adecuada rendición de cuentas hacia el interior y el exterior de la organización?

Dado que el entorno en donde las organizaciones operan es cambiante, éstas deben enfrentar continuamente nuevos desafíos y oportunidades.

El reto de la gobernabilidad organizativa consiste en lograr un equilibrio entre institucionalización (procesos y rutinas administrativos, predictibilidad, confiabilidad, etc.) y flexibilidad para ajustar la organización interna a un entorno dinámico.

Por ello, resulta indispensable que quienes estamos comprometidos con el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil reflexionemos sobre cómo garantizar la profesionalización de su funcionamiento interno y el desarrollo de la capacidad necesaria para implementar sus estrategias y actividades con el fin de asegurar su sustentabilidad en el largo plazo.

La gobernabilidad interna es un requisito para mantener la confianza de los miembros de la organización respecto al rumbo que se ha decidido seguir con las actividades que se realizan día con día, para asegurar la relevancia social de su Misión, y para preservar una buena imagen frente a sus aliados, contrapartes, financiadores y ante la sociedad en general.

La palabra “gobernabilidad” (en inglés  governance) se deriva del latín y significa “pilotear, guiar, dirigir” . En general, el término se refiere a la manera en que se asume, transmite y ejerce el poder dentro de una sociedad u organización.

Según los estudiosos de teoría política occidental, “buena gobernabilidad” significa compartir la facultad de tomar decisiones a fin de que el poder y los recursos no queden en manos de un solo individuo o grupo.

En el sector público, la buena gobernabilidad se basa en un sistema de frenos y contrapesos para los tres poderes de gobierno (el legislativo, el ejecutivo y el judicial), que incluye un proceso de consultas periódicas entre autoridades gubernamentales y el público en general para que la ciudadanía les exija cuentas de sus actos y vele por el interés público.

En organizaciones sin fines de lucro (asociaciones civiles y en general organismos no gubernamentales), la buena gobernabilidad opera (o debería operar) de manera muy similar.

Una organización practica adecuadamente la gobernabilidad cuando cuenta con un sistema interno de frenos y contrapesos para garantizar que se busca el interés público.

Para las ONG, la buena gobernabilidad se basa en diferenciar a las funciones gerenciales y las de gobierno; y en la distribución del poder de toma de decisiones entre ellas.

Dicho arreglo ayuda a restringir y a moderar el control que puede llegar a ejercer un individuo o grupo, a garantizar la buena administración de los recursos de la organización y a mantener el espíritu de servicio al público.

Cabe agregar que en el caso de México, muchas asociaciones civiles tienen marginadas en la práctica a las funciones de gobierno (de sus juntas directivas o consejos directivos)

Casi todo es realizado en las funciones gerenciales (direcciones ejecutivas y similares). 

Así, sus órganos de gobierno se integran solo para cumplir la formalidad legal; y la opacidad es algo predominante en ese tipo de organismos civiles, aún cuando reciban fondos públicos -lo cual les hace sujetos obligados de la ley relativa al acceso a la información en el ámbito correspondiente (federal o de alguna entidad federativa)-.


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