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22/6/18

El primer año del CPC en el Sistema Anticorrupción de Sonora

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En el Sistema Nacional y en los Sistemas Estatales Anticorrupción, uno de los propósitos de los CPC es tratar de asegurar que se tenga la guía ciudadana de manera efectiva para la buena coordinación de las diferentes agendas y prioridades que tienen cada una de las instancias que conforman al Sistema.


El 31 de julio de 2017 asumí la responsabilidad de ser el primer presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Sonora, en un contexto que representa una apuesta para que se acepte y realice de manera efectiva la incorporación de ciudadanos en los procesos relacionados con la prevención de la corrupción y su combate.

Sabíamos que esto representaba un enorme reto, porque había (y sigue habiendo) personas que esperaban y exigían del CPC meter a la cárcel a autoridades a las que consideran corruptas, y esto es por desconocimiento de cuál es el papel que realmente corresponde desempeñar a este comité o por ser solamente críticos constantes de todo lo que no sea a favor de lo que ellos quieren tener lo cual en realidad es otro tipo de corrupción.

No obstante, en este primer año que está por concluirse de nuestra gestión en presidir el CPC, junto con mis compañeros de comité hemos obtenido logros de alta importancia, como es el de nuestra contribución a la construcción institucional del Sistema Estatal Anticorrupción, que por una parte abarca la instalación de sus elementos orgánicos esenciales y por otra la puesta en marcha de los mecanismos de coordinación entre las instituciones que conforman el sistema, así como de las labores de apoyo técnico para los análisis y las evaluaciones que se necesitan para el óptimo funcionamiento del sistema.
Aunado a ello y entre muchas otras cosas está el despliegue de información y capacitación para ya casi 5 mil servidores públicos y además a organismos de la sociedad civil, cámaras empresariales, sindicatos, instituciones de asistencia privada e instituciones educativas, con relación a las disposiciones normativas fundamentales que son inherentes al citado sistema. 
Tales acciones formativas las consideramos factor clave para incidir en los patrones de conducta de las personas tanto en el sector público como en el de la ciudadanía en general, de manera que fortalezcamos así la integridad pública y ciudadana con la que -más allá de las leyes- logremos evitar que se presenten hechos de corrupción.
Alberto Haaz Díaz


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