El legislador Héctor Ulises Cristópulos Ríos leyó el contenido de dicha iniciativa cuyo objetivo es la creación de una nueva ley secundaria en materia de acceso a la información pública, que contempla los principios establecidos en las últimas modificaciones realizadas al artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el pasado 1 de junio.
Establece disposiciones relativas a las nuevas facultades que deberá ejercer el Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora, que contará con un secretario técnico, el cual será designado por el Presidente del Instituto, de acuerdo con el reglamento que al efecto expida el Pleno del mismo.
Otro aspecto importante, fundamentalmente respecto a lo que tiene que ver con mecanismos de control para el propio instituto, es el hecho de que se consigna la figura de la Contraloría del mismo y la obligación que tendrá el referido Instituto de presentar anualmente al Congreso del Estado, un informe sobre las actividades y los resultados logrados durante el ejercicio inmediato anterior en relación al acceso a la información pública, para lo cual la propia norma establece lo mínimo que deberá contemplar dicho informe.
De igual forma, se definen las facultades que tendrá, como son: Investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por los entes públicos con relación a las solicitudes de acceso a la información.
En lo que tiene que ver con el recurso de revisión, se establecen específicamente las causas por las cuales procede dicho medio de defensa, además, se contemplan las disposiciones relativas a las resoluciones que emitirá el Instituto.
Cristópulos Ríos señaló que los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los órganos autónomos por Ley, así como aquellos entes públicos del Estado que ejerzan gasto público, deben atender a los principios de legalidad, certeza jurídica, imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de sus actos.
El Legislador dijo que toda la información generada, administrada o en posesión de dichos entes públicos se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable.
En la parte relativa al procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se establece que deberá regirse por los principios de máxima publicidad, simplicidad y sencillez, gratuidad, costo razonable de la reproducción, libertad de información, buena fe del solicitante y orientación y asesoría a los particulares.
Tras destacar que los resultados de los foros ciudadanos sobre transparencia fueron integrados a dicha iniciativa, el documento fue turnado a la Comisión de Transparencia, Comunicación y Enlace Social.
Ver la Iniciativa en las páginas 6 a 59, en----
http://www.congresoson.gob.mx/gaceta/Gaceta.pdf
