Es sabido que en cualquier ámbito un aspecto clave de la gobernabilidad es que las decisiones y operaciones gubernamentales deben ser hechas en forma abierta y pública (por oposición a la forma cerrada y secreta) y con la activa participación de los grupos sociales que son afectados por ellas.
Así, la sociedad tiene el derecho elemental de tener información sobre el presupuesto y que sus puntos de vista y preferencias se tomen en cuenta por el presupuesto. Esto es desde el momento en que se formula.
Existen muchas razones que respaldan lo anterior, como las siguientes, veamos:
-La transparencia es un prerrequisito para el debate público, sin el cual no se ofrece la posibilidad de incorporar las preferencias de los grupos sociales afectados, ni la oportunidad de mejorar las decisiones presupuestarias al someterlas al escrutinio y discusión de diversos actores sociales;
-La transparencia permite que los gobiernos sean imputables (que la responsabilidad pública pueda ser atribuida) y por lo tanto, que rindan cuentas: tanto los poderes legislativo y judicial, y los organismos autónomos. Consecuentemente, los sectores sociales podrán mejorar sus capacidades de revisión y control si cuentan con la información con respecto al presupuesto, sus objetivos generales de gasto y endeudamiento, sus lógicas de asignación de recursos y sus formas de ejercicio. Al mismo tiempo, se reducen las posibilidades de actuaciones contrarias a la ley o los programas, así como el oportunismo y la corrupción.
En México existe transparencia en las cantidades agregadas del gasto, pero, todavía se tiene mucho que avanzar en lo referido a los criterios de asignación y prácticas de ejercicio en el nivel desagregado.
-La transparencia incrementa la confianza en el gobierno y por ende, la legitimidad. Dicha confianza proviene del simple hecho de que la transparencia facilita que la gente comprenda mejor lo que los gobiernos están haciendo, con sus alcances y limitaciones.
Lo anterior puede ocasionalmente constituirse en una forma de construir consensos y de esta forma en compromisos para que los grupos sociales acepten los costos y las beneficios que acompañan a la asignación presupuestaria. En otros términos, un presupuesto tan atado e inercial como el que aún tenemos en México, sólo podrá redistribuirse poco a poco a través de la transparencia y la confianza que se vaya generando en torno al gobierno y sus propuestas. Esta confianza puede también extenderse hacia el exterior y traducirse en mayores apoyos e inversiones de la comunidad internacional.
-Además, la transparencia exhibe las debilidades de los gobiernos por lo que facilita la adopción de las decisiones o reformas necesarias. Ello es por ejemplo claro en el caso de las crisis financieras de los gobiernos que podrían evitarse o minimizar sus costos si se manejaran con apertura y transparencia desde el principio.
La transparencia no sólo se refiere al acceso a la información sobre al gasto, sino también, y en forma destacada, al uso que se le dé y los resultados que genera o a los que contribuye.
En otras palabras, la clave está en que los grupos sociales y las legislaturas federal y estatales, así como los ayuntamientos, puedan no sólo conocer con suficiente anticipación los datos financieros y de metas de resultados que se proyectan, sino en un futuro participar activamente en el proceso de la formulación e integración del presupuesto respectivo. En el ámbito del gobierno federal, los plazos para revisión de los proyectos presupuestarios que envía el Ejecutivo, son mucho mayores a los que se tienen en los gobiernos estatatales y municipales.
Lo anterior es importante por lo siguiente:
En muchos de los objetivos de la transparencia mencionados arriba, el acceso a la información no es suficiente para traer sus beneficios. Por ejemplo, la información es condición necesaria para que el congreso o ayuntamiento supervise las decisiones del ejecutivo y su desempeño, pero si no tiene suficiente oportunidad para procesar, analizar y actuar sobre esa información, la revisión legislativa será inefectiva e intrascendente.
Del mismo modo, el gobierno será sólo imputable si sus electores están listos y preparados para usar la información disponible y llamarlos a cuentas´.
En otras palabras, la transparencia no impulsa en forma automática a la buena rendición de cuentas, misma que es necesaria para hacer efectivos los contrapesos.
Por lo anterior, a las acciones que promuevan la transparencia deberán acompañarse de la introducción de procesos que favorezcan la aparición de la rendición de cuentas, como la evaluación pública de resultados y la competencia meritocrática en puestos clave de la administración pública respectiva.
El consenso que acompaña o debe acompañar a la transparencia sólo se cristaliza en la medida en la que el poder legislativo y los sectores sociales tiene la posibilidad de participar en el debate sobre las políticas y la distribución de los recursos.
Además de las favorables implicaciones desde el punto de vista del desarrollo del gobierno democrático, la incorporación de estos actores en esas decisiones puede al mismo tiempo enriquecerlas al incorporar distintas perspectivas y creatividad a los debates presupuestarios.
En gobiernos estatales de México, en la década de los ochentas, operaron bien (más o menos) los Comités de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) y los Comités de Planeación Municipal (COPLAM), involucrando a los sectores público, privado y social en las programaciones de las inversiones. Hubo casos muy buenos, como en Sonora, en los que había Subcomités Regionales (12) del Coplades, a los que se asignaban importes del presupuesto estatal en formulación (para obras de infraestructura) y que se operaban (una vez autorizados los recursos) por medio del Programa Estatal de Desarrollo Regional (PEDR); y esto fomentaba la participación social de manera bastante eficaz. Esta experiencia fue luego substituida por el programa federal de Solidaridad, que propició la minimización del papel de los coplade y coplam desde los años noventa; y aún cuando existen actualmente, formalmente, han dejado de ser espacios reales para la participación social activa y efectiva.
Ahora hay otros espacios y mecanismos, como los que operan las secretarías de Desarrollo Social federal y estatales; sin embargo, no son suficientes para cubrir las posibilidades de participación de toda la población en la formulación de los presupuestos públicos de manera que puedan hacerse las concertaciones necesarias (gobiernos-grupos sociales) para la realización de acciones y obras prioritarias, desde antes de cada ejercicio fiscal.
