20- 10- 2010
El reporte sobre presupuestos abiertos 2010 del International Budget Parntnership revela, como en años anteriores, el enorme déficit de transparencia en la información presupuestal de los gobiernos.
La encuesta encuentra que:
Sólo siete de 94 países evaluados dan a conocer información extensiva sobre el presupuesto, y 40 países no dan a conocer información presupuestal significativa. Sin esta información, es difícil que el público y las instituciones de vigilancia hagan que el gobierno rinda cuentas o aporte a las decisiones sobre cómo usar los recursos públicos.
El reporte sobre México da cuenta de retrocesos preocupantes:
obtuvo una calificación de 52 puntos; un retroceso que aleja al país de niveles satisfactorios de transparencia. Este resultado se explica en parte a causa de la permanencia de importantes zonas de opacidad en el presupuesto, de procesos de rendición de cuentas añejos y del adelgazamiento de la información técnica disponible desde la aprobación en 2008 de la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Fundar ha preparado documentos, sitios web y videos para dar a conocer estos resultados y alertar sobre las consecuencias de la falta de transparencia presupuestal. La información está recopilada aqu
http://mexicoestatal.wordpress.com/2010/10/20/presupuestos-abiertos/#comment-10
Índice de Información Presupuestal (IMCO)
1 09 2010
El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) publicó recientemente la segunda edición de su Índice de Información Presupuestal de los Estados. Este índice compara la información incluida en los presupuestos de las entidades federativas. Se construye a partir de un cuestionario de 43 preguntas (una más que en la edición de 2008), que permitan diagnosticar la información que un ciudadano puede obtener de los decretos de presupuesto aprobados por las legislaturas estatales.
Los resultados muestran una heterogeneidad notable. Como ejemplo, la tabla resumen: (hacer click en imagenes)
Opacidad de estados en manejo de recursos
Ivette Saldaña
Jueves, 3 de junio de 2010
Baja la calificación promedio del país de 54 a 52.
Nómina del sector público representa el 13.5% del PIB.
Para el pago de salarios, 7 de cada 10 pesos.
• Opacidad en los presupuestos estatales
La calidad y transparencia de los presupuestos de los estados empeoró en el periodo 2008-2010, al caer la calificación promedio del país de 54 a 52 puntos, lo que preocupa porque a pesar de que aumentan los recursos que se les asignan, sube la opacidad en el manejo de los dineros.
En el Índice de Información Presupuestal de los Estados, que elabora el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), se explica que al menos 18 entidades disminuyeron su calificación.
Entre los peor ubicados están Baja California, Campeche, Quintana Roo, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Oaxaca y Baja California Sur (este último obtuvo cero, porque no proporcionó dato alguno sobre el uso que le dio al presupuesto).
Los diez mejor calificados fueron Jalisco (con 77 puntos), Aguascalientes, Durango, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Yucatán, Colima, Nuevo León y Guerrero.
Al dar a conocer el documento, el director de Finanzas Públicas del Imco, Juan Pardinas, aseguró que el gasto de nómina en las entidades federativas del país es de 68 por ciento, es decir que siete de cada diez pesos son para el pago de salarios.
Y si se considera a los estados y al gobierno federal con sus paraestatales y demás organismos autónomos, la nómina representa 13.5 por ciento del Producto Interno Bruto.
Sin embargo, sólo hay información precisa de 9.5 por ciento, pues el restante 4 por ciento es una "cifra negra" que no se da a conocer abiertamente, pero que se calcula considerando las transferencias para educación, seguridad, salud y recursos para organismos públicos.
"Estamos estimando los tamaños del gasto en burocracia", porque no hay transparencia sobre el uso de los recursos.
Además, ese 13.5 por ciento de gasto en nómina es una cifra muy grande, porque sería mayor que el PIB de Bolivia y otros 120 países, y equivaldría a 24 veces la inversión realizada por Sudáfrica para organizar el Copa del Mundo de 2010.
Hay evidencia de que la mayor parte del presupuesto al sector educativo se destina a sueldos de profesores y personal administrativo, que significa 93 por ciento del gasto en el sector, que asciende a 23 por ciento del presupuesto total -mucho más del 13 por ciento promedio que asignan los países de la OCDE.
Pardinas aseguró que la opacidad en el uso de los recursos presupuestales se da sin importar el partido político que gobierne la entidad.
Malas prácticas
El cambio de partidos en el poder no significó mejores prácticas; al contrario, en algunos estados empeoró.
Por ejemplo, entre algunas "malas prácticas" que se encontraron aparece que en Baja California se dan muchos bonos para el magisterio, pero no hay manera de "seguirles la pista", porque no se detalla cómo se dan; sólo se contabilizan como "otras prestaciones".
En Chihuahua hay plazas sindicalizadas excesivas; en Guanajuato hay una creación indiscreta de burócratas; en Michoacán, el Ejecutivo estatal es el que autoriza los "subsidios, donativos y ayudas que considere necesarios para apoyar a los grupos sociales que más requieran", según dice en sus leyes, y Puebla es el único estado que no desglosa la deuda pública, entre otros.
Claro que hay estados con buenas prácticas, como Campeche, que establece criterios claros de ascensos para las plazas de servidores públicos; Coahuila, que detalla el objeto del gasto para el magisterio; Chihuahua, que desglosa las plazas; Durango, que tiene transparencia en los salarios del Congreso, y otros más.
Haceer click en imagen siguiente
Existe rezago de funcionarios públicos en adopción de Ley General de Contabilidad Gubernamental
México, D.F., 9 de junio de 2010. Una reciente encuesta aplicada por Deloitte México a cerca de 400 funcionarios públicos provenientes de los tres niveles de gobierno, indicó que un 34% declara no estar preparado para afrontar los retos que demanda la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) de cara al 2012, mientras 63% manifestaron haber ya iniciado con las primeras actividades en la adopción de dicha ley.
De acuerdo a esta encuesta, poco más de la mitad ha comenzado a desarrollar acciones en torno a la adopción de la ley. La LGCG, también denominada “Armonización Contable”, es uno de los retos más representativos de toda la Administración Pública hacia un gobierno enfocado en la rendición de cuentas y en la transparencia. Uno de los retos que enfrentan los funcionarios en la aplicación de la LGCG es la alineación de los procesos que generan información financiera y presupuestal en las estructuras de las entidades, para cumplir con las disposiciones que contempla la LGCG es identificar no únicamente lo que se “debe hacer”, si no “como hacerlo”. El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) se encuentra trabajando aún en la definición de algunos criterios que enriquezcan y apoyen la implantación de la LGCG.
“Los funcionarios públicos requieren ver el reto que presenta la adopción de la LGCG no como una tarea lejana hacia el 2012. Un diagnóstico claro de las brechas de procesos, tecnología y recursos es crítico para delinear un plan de acción que prepare a sus entidades hacia el cumplimiento de la ley. El plazo para hacerlo se acorta”, declaró Enrique Clemente, Socio Líder de Servicios al Sector Público en Deloitte México.
De acuerdo al Índice de Información Presupuestal de los Estados (IIPE) del 2010, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en los últimos dos años la calidad de los presupuestos estatales a nivel general decayó en 2 por ciento, lo que conlleva falta de claridad y transparencia en la revelación de información respecto al gasto público.
“Los gobiernos se enfrentan a ciudadanos cada vez más informados que demandan mayor apertura, transparencia y rendición de cuentas. Los avances que las administraciones públicas demuestren en esta materia serán factores de decisión para el voto de los ciudadanos”, finalizó Clemente.
Nota de Alberto Haaz
Esto ocurría al inicio de cada año. Después se han usado informes con tablas muy complejas para la ciudadanía en general; y se usan términos a los que se da poca o ninguna explicación, como las “Transferencias…” en las que quedan inmersos rubros de gasto (destinos finales) como los de servicios personales y otros gastos corrientes de las entidades paraestatales, como es el caso de Serrvicios Educativos del Estado de Sonora que opera con recursos federalizados y cuyo capítulo de gasto de Servicios personales es mucho mayor al de las dependencias en su conjunto total de la administración estatal y cuya cifra es la que se da a conocer en la información y el decreto del presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, lo cual hace suponer que ese es el gasto en sueldos de todo el gobierno estatal a quien no conoce los detalles técnicos de la presupuestación.
Ojalá se mejore la información y difusión respectiva en el presupuesto 2011 con cuentas consolidadas de destinos finales del gasto, esto es desglosando las transferencias de recursos fiscales a entidades paraestatales, aun cuando sean estimaciones preliminares considerando que son sus órganos de gobierno quienes determinan y aprueban los presupuestos respectivos.
